Una modesta proposición

Con menos tiempo del que desearía, expondré algunas aclaraciones a una pregunta de Ernesto Castro en la entrevista que me hizo para un Colorín Colorado de El Estado mental, y que, por cierto, no enlazo porque no sé dónde ni qué hay que hacer para escucharla. En lugar de decir lo que aquí diré, me importó más esbozar las descabelladas propuestas derivadas de estas objeciones, y que serán también objeto del presente artículo.

De otros textos aquí publicados, especialmente La barbarie comunista, puede fácilmente colegirse que yo nunca he defendido la renta básica, pero sí el ingreso mínimo, como principio liberal para el mantenimiento del sistema. Hay una notable diferencia entre ambas ideas. Una cosa es estar jugando al Monopoly (aunque sea un nombre pésimo para ilustrar un principio liberal) y que, después de decir de repente alguien en la mesa “me he quedado sin nada”, entre todos decidan responderle “tome, aquí tiene 20 dólares de juguete para que siga jugando”, y otra muy distinta que un señor se presente periódicamente en la partida y murmure indiferente, acodado sobre el tablero: “buenas, que vengo a por lo mío” (que, por otro lado, es lo que ocurre en el Monopoly real al pasar nuevamente por la salida, con lo que el ejemplo está doblemente mal elegido). El primer caso es dar barato, algo común en otros juegos, como en los de naipes, aunque en lugar de ofrecer esa cantidad de dinero a cambio de nada el que va ganando, se da entre todos, o al menos esa es la concepción original de los impuestos. El DRAE explica una expresión similar, dar de barato, de una manera muy adecuada para indicar lo que sería el ingreso mínimo en una economía competitiva y liberal: “Concederlo gratuitamente por no entorpecer el fin principal que se pretende”. Interesa que el juego no se interrumpa por la ausencia total de ingresos de uno de los jugadores, pero si se subvierte el sistema de ganancias, el juego se arruina igualmente. Por el contrario, quien recibe incondicionalmente esas ganancias a cambio de nada sería un baratero, una figura moralmente muy poco decente incluso para el mundo del juego, aunque a Esperanza Aguirre no le pareciera, merced a Eurovegas, tan sórdido como a la mayoría de los mortales.

Dicho esto, y añadiendo que la propuesta utópica de Thomas Paine es materialmente insostenible y, lo que es aún más grave, carece de fundamentos lógicos, me dispondré a redactar yo también mi modesta proposición utópica.

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Propongo que todos los empleados públicos pasen a llamarse siervos públicos (no servidores, sino siervos, sinónimo de esclavos), desde S.M. el Rey hasta el último peón subcontratado por un ayuntamiento, y que todos, con la única excepción de S.M. el Rey y su familia, por meras cuestiones protocolarias y patrimoniales, del Presidente del Gobierno abajo, perciban como único sueldo el salario mínimo interprofesional. Esto supondría una antes nunca experimentada fluidez de las arcas y permitiría bajar los impuestos y hacer crecer la economía. Por otro lado, el arrugado traje de vagabundo que, cual Comisario Columbo, Rajoy llevó ante el Emperador del Japón, deja claro que el Presidente no necesita las dietas por residencia en Madrid en donde ya dispone de vivienda ni ningún otro sobresueldo de la Caja B de Bárcenas: es más que evidente que no sabe usar el dinero.

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No equivaldría a implantar el sistema cubano de sueldos miserables, ya que la iniciativa y la empresa privada seguirían existiendo. Es absurdo que el Estado quiera inmiscuirse en lo privado, pero si algo puede hacer el Estado es cambiar la propia estructura del Estado.

“Lo público” dejaría de ser ya algo deseable desde el punto de vista crematístico, y nadie podría ambicionar un empleo de la Corona si no fuera por razones estrictamente vocacionales. Nadie querría subirse al carro de heno. La mejor recompensa de haber servido a España sería, sencillamente, el haberlo hecho, a cambio de un sueldo moderado y justo, sin padecer el hambre y la desnudez que tantos soldados, licenciados y maestros padecieron en el pasado.

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El Estado, por supuesto, sólo se encargaría de las cosas que son estrictamente indispensables y que no resultan rentables para la empresa privada o cuyas infraestructuras se debieran directamente a su inversión (con lo que se estaría tirando el dinero público al abandonarlas), sin entrar en competencia con ella. Cuando el Ejército se pone a barrer las calles, como quería Nati Mistral ante una huelga, revienta la huelga, pero cuando se pone a hacerlo en circunstancias normales, revienta la empresa de limpieza.

¿En qué gastaríamos, pues, todo el dinero ahorrado en los sueldos astronómicos de alcaldes, consejeros, subsecretarios y ciertos catedráticos de Universidad? De entrada en emplear más siervos públicos, ya que la situación actual hace que con lo que cobra Juan Carlos Rodríguez Ibarra por su jubilación como profesor tras haber dado dos asignaturas consistentes en leer periódicos se pudieran contratar, en un sistema más racional, cinco investigadores y profesores más, entre los cuales, perfectamente, podría haber un Ramón y Cajal o un Torres Quevedo que sirvieran para aportar más glorias a España, o se podrían levantar laboratorios y aulas más decentes, en lugar de los almacenes caóticos y los búnkers de hormigón sin ventanas de los que tanto gusta la Universidad de Granada para sus investigadores y docentes, en tanto que el cuerpo administrativo habita palacios y antiguos conventos con yeserías, vitrales y fuentes repiqueteantes.

Iría también ese dinero para lograr que la administración atendiera al ciudadano por las tardes y este no tuviera que perder horas de trabajo de su jornada laboral habitual, propósito que, enunciado por Felipe González, provocó tal motín de reacciones que revela muy a las claras lo utópico de mi propuesta, a pesar de ser enteramente razonable.

Pero, ante todo, lo gastaríamos en volver a ser Roma. En restaurar nuestro patrimonio histórico e impedir que se caiga a pedazos o que los modernos profesionales de la cultura le pinten barbas y bigote o fabriquen chiringuitos encima de ellos, como en Sagunto y tantos otros campos de soledad; en edificar termas, teatros y bibliotecas, calzadas y medios de transporte que hicieran absolutamente innecesarias dentro de nuestro país la mayoría de las dietas que hoy cobran nuestros cargos públicos (y muy poco quedaría de las dietas en el exterior, centralizada y vigilada la diplomacia: algo que pagamos entre todos, es necedad que cueste más de lo necesario). Un transporte colectivo lujoso y eficiente, independiente del combustible fósil, y palacios abiertos para todos en los que nadie trincase más de lo debido ni pudiera escamotear materiales, ya que el Apolodoro de Damasco de turno, que esperemos que fuera cualquier otro menos Calatrava, cobraría exactamente lo mismo que el último alarife cubierto de cal (quedaría el mecenazgo más generoso para las empresas privadas), y las declaraciones de bienes y la continua vigilancia social impedirían que fuera de otra forma, quedando clausuradas para siempre las puertas giratorias entre lo público y lo privado y toda forma de soborno.

Porque es preciso, y esto también es utópico, que la sociedad se acostumbre a respetar la propiedad pública. Ingenuamente se podrá pensar que ahora no lo hace sólo porque ve que lo público es bien privado, y que se reparte entre familias y amigos. Pero es un craso error. Paseando por Granada, he visto a gente introducir a su perro en arenarios para niños, protegidos por una cerca de colores, cerrar la puerta de la cerca y esperar plácidamente a que el can desaguase donde, horas más tarde, jugarían los hijos de su vecino. En muy poco ha cambiado esa sociedad que hacía todo lo posible por fastidiar al vecino y a la que, por ese mismo carácter intratable, la monarquía zirí, tal como cuenta su último gobernante, el Rey Abd Allah, trasladó de Elvira a Granada, sin ningún resultado, porque como dice el Buscón de Quevedo, “nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres”.

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Tanto la ciudad como la ciudadanía permanecen inermes ante estas conductas incívicas, ya que sólo se ocupa de ellas la Policía Municipal, que, además, sólo actúa en el muy improbable caso de haber presenciado directamente la infracción. No puede proponerse que el Estado regale estancias palaciegas y servicios tecnológicamente avanzados a los ciudadanos sin ser conscientes de que el pueblo necesita o bien de una fuerte represión policial y judicial de sus conductas antisociales, como en Singapur, o bien una educación que vaya más allá de lo que habitualmente se entiende por esto. O, mejor, de la combinación de ambas. ¿Cómo quería Santo Tomás Moro que los utopianos aprendiesen a despreciar al oro leyendo, como propone en otro paso, a los clásicos? ¿Cómo se puede ser pacífico con poco más que leer a Homero? Si queremos que los españoles sean, como rezaba la Constitución de 1812, “justos y benéficos”, deberemos darles la adecuada formación para ello, que no será, por supuesto, una inútil y dilapidadora de tiempo Eduacación para la Ciudadanía, ni un sermón sectario, sino el verdadero pensamiento crítico que les permita interpretar a Homero desde un temperamento científico, analítico y humano conducente a considerar la enorme conveniencia de respetar tanto los bienes públicos como los ajenos, y a desechar, en primer lugar, la odiosa falacia impuesta por tantos gobernantes nuestros de que los bienes públicos son ajenos.

Por lo demás, la centralización sería siempre la mejor vía para evitar la corrupción y el derroche, y esto aplicado a todos los ámbitos del Estado. Hoy día, las múltiples, innumerables ofertas de empleos y subvenciones públicas aparecen dispersas en los miles de órganos de comunicación de las infinitas administraciones locales, provinciales, autonómicas, estatales, europeas y supranacionales, así como de entes híbridos y quiméricos que, a pesar de declararse independientes, no gubernamentales, sin ánimo de lucro o externos, son también Estado. Centralizar la oferta es vital para una sociedad más justa que rompa de una vez no sólo la llamada brecha digital entre el pastor en la cueva o el gitano en la chabola, que no saben dónde se publican las convocatorias de empleo, y la clase media urbana, sino entre quienes no tienen tiempo de leer al día 50 convocatorias y examinar sus requisitos, casi siempre con resultado negativo, y quienes sí lo tienen o reciben directamente la información subrayada, es decir, los propios funcionarios que gestionan dichas convocatorias y que son, al final, y en la mayoría de los casos, sus únicos beneficiarios. Un servicio estatal de empleo centralizado, por el que debieran pasar todas las ofertas públicas y privadas y en el que se vigilasen estrictamente las ofertas engañosas y abusivas sería vital para la recuperación económica de España. Si Rajoy quisiera hacer algo por el empleo, lo tendría muy fácil cerrando InfoJobs, en lugar de cerrar Google o sangrarlo a base de impuestos, como le gustaría hacer. Es más, los servicios públicos de orientación para el empleo deberían dejar de enseñar a enviar CVs a empresas que no los solicitan y empezar a aprender a posicionarse en Google, aunque tenemos la certeza de que no lo harán porque los informáticos estatales son dinosaurios que se sacaron la plaza funcionando con MS2 y que, en eterno reposo, crean plataformas y “utilidades” para las que el ciudadano medio casi siempre tiene que descargar un sistema operativo obsoleto si quiere conseguir que, en alguno de múltiples intentos, funcionen. Contra esta rutina, ciertamente, no debería caber el “reciclaje” subvencionado sino el despido, ya que, si un informático no está al corriente del cambiante mundo moderno, ¿quién lo estará?

Pero es tan vasto y poderoso el cuerpo de individuos incapaces que se nutren de este sistema de subvenciones efímeras, de obras y edificios públicos abandonados para siempre (aeropuertos, polideportivos, centros de interpretación, unidades hospitalarias, estaciones ferroviarias… pagadas  todas con dinero estatal o europeo), de trampas y parches, de Universidades en las que los bedeles tienen la silla más segura que los investigadores, de propaganda, farolillos y fuegos artificiales, de jamón ibérico para hoy y hambre para mañana, de calles iluminadas con bombillitas de Navidad antes que con farolas, de empresas de transporte público que hacen la mejor promoción del coche utilitario conocida hasta la fecha, y de otras innúmeras atrocidades, que no resulta extraño descubrir por qué todo lo que aquí se ha dicho tiene tanto lugar en la realidad como la renta básica de Podemos. Y aun esta última tendría cierta posibilidad de traspasar el mundo de las ideas, al menos hasta que se acabase el dinero y los medios de producción y se alcanzase la ruina total. Pero, para nuestra propuesta, los parásitos del Estado sentirán que tienen “el derecho y el deber” de defender el sistema vigente con uñas, sangre, garras, antenas, probóscides y colmillos. Y, preferiblemente, sangre ajena.

José María Bellido Morillas

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